¿Legitimidad desde cero? ¿Objeciones Ad hominem?.
Han sido mencionados al menos dos nombres de profesionales con discapacidad como presuntos nominados para ejercer funciones públicas en el equipo de la Vicepresidencia de la República, instancia técnica para los asuntos inherentes a la rectoria del Sistema Nacional de Discapacidad Ley 1145 Colombia, nómina burocrática renovada de cara al Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026. No hay buenas alusiones sobre los nombres referidos que tienen todo el derecho a ejercer con legalidad y ganar legitimidad en el servicio a desempeñar desde la discapacidad.
Son activistas parte de una coalición que ha incidido en la operación de recursos públicos durante los gobiernos en que ha estado vigente la Convención ONU, normas reglamentarias y política pública de discapacidad nacional en el marco del Sistema Ley 1145 democracia representativa no legitimada por hechos de inclusión real con la población.
El comportamiento de ése tejido de intereses arropados por la exclusión burocrática en nombre de la inefable y cuestionada institucionalidad, es el florero de la discordia sectorial.
¿Cuántos informes públicos de evaluación con análisis e indicadores de resultados y metas cumplidas para los colombianos con discapacidad en los sucesivos Planes de Desarrollo ha sustentado la referida Coalición de operadores de erario y cooperación internacional con cargo a los derechos de todos los colombianos con discapacidad?.
¿Cuáles ejercicios efectivos de Control Social Inclusivo con toda la población con discapacidad al menos en su derecho a saber ha sustentado el establecimiento corporativo en Coalición para manejar la operación de acciones de la política pública de discapacidad?
¿Qué acciones de Transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de contratación pública en gobierno nacional y cooperación internacional, endeudamiento público con cargo a los derechos de todos los colombianos con discapacidad, han realizado para lograr legitimidad en la sociedad sobre la intervención de éste grupo de corporaciones en la ejecución de erario en discapacidad?.
¿Qué evaluación sólida, sería y técnica ha presentado este estamento de actores relevantes que incluye operadores de contratación pública en procesos de derechos como educación inclusiva vencido el plazo del decreto 1421 y sus resultados verificados cuales son y como están sustentados y analizados?.
¿Qué evaluación presentó la Coalición de entidades contratistas sobre los resultados de la fallida Consejería presidencial para la discapacidad?
¿Qué información fidedigna entregó a la ciudadanía y sociedad la Coalición de Corporaciones sobre el cumplimiento de las glosas ONU al único informe de Estado parte evaluado a Colombia sobre el cumplimiento de la Convención de derechos y discapacidad y qué ha difundido ése colectivo sobre los dos informes pendientes?.
¿Qué responsabilidad política y pública asume la Coalición de corporaciones sobre el comportamiento ético de la representación ciudadana en el SND Sistema Ley 1145 en instancias como el Consejo Nacional de Discapacidad frente a las prácticas de cero rendición de cuentas a la ciudadanía e intervención individual en procesos de contratación con el gobierno?.
¿Qué hizo el colectivo y cada entidad de la Coalición durante la pandemia desde 2020 por la población excluida y en mayor vulneración de derechos? ¿Cómo incidió e intervino para que el gobierno y sus funcionarios en discapacidad protegieran derechos y solucionaran necesidades de la gente sin ayuda? ¿Dijeron algo?
¿Qué examen hizo durante quince años la Coalición para reportar a los ciudadanos, los organismos de control y transparencia, el Comité ONU sobre la contratación del gobierno a través de corporaciones privadas sin ley 80 con transferencia de presupuestos por centenares de miles de millones de pesos colombianos COP en proyectos privados sobre derechos como el derecho al deporte, a la educación, la salud, rehabilitación e Inclusión laboral?
Hay una realidad adversa carente de legitimidad en la ejecución de política pública en discapacidad durante los años de vigencia de las Convenciones vinculantes sobre derechos y discapacidad, tratados OEA 1999 y ONU 2006 ratificada por Colombia en 2011. Todos los pendientes, opacidad por no rendición de cuentas y resultados, la realidad con la exclusión de la población en mayoría absoluta, comprometen a operadores y ejecutores de recursos en primera línea de incidencia como las corporaciones privadas caracterizadas por incidencia en acciones legislativas con resultados como las leyes 1996 y 1946 en cuya implementación y contratación éste núcleo de interés e intervención ha ejercido control político y contractual en lo público.
Esta realidad caracteriza una responsabilidad política y social que no puede ser borrada. A través de los sucesivos gobiernos la agenda y ejecución de la gestión pública ha estado bajo el manejo e incidencia directa de nombres jurídicos y naturales, actores de incidencia directa en ésa trayectoria.
¿Quién responde por todos los pendientes y ausencia de claridad?. Hay que poner toda la luz y el foco sobre esta correlación de poder, hegemonía y control gremial sobre lo público.
Así la trazabilidad del proceso sin la verdad pública completa de la discapacidad, sin transparencia, cumplimiento, evaluación, control social y con todas las barreras vulneradoras de derechos fundamentales a la Información, a saber, acceso impedido a la verdad pública real, cualquier nombre puesto en burocracia del gobierno con mandato del cambio, parte de cero en legitimidad que debe ser construida con hechos que formen confianza Ciudadana. Si llega el que fuere a seguir con la práctica excluyente de la rosca de intereses en círculo conocido cerrado, el costo político será letal, ruinoso, miseria total en legitimidad.
Atacar ad hominem a individuos que se posesionen con legalidad en burocracia con discapacidad, no tiene sustento ni credibilidad. A partir del primer paso la observación, acompañamiento y control público sobre la conducta de los funcionarios que deben servir en equidad a toda la población en los diversos tipos y grupos poblacionales de discapacidad, ha de ser en estricto rigor, lealtad y minuciosidad para que exista una balanza fidedigna en legitimidad limpia y ética. Que comiencen por presentarse ante la gente con claridad y transparencia para estar al servicio de todos sin exclusión y sin malas prácticas que dañaron lo dañado por la vieja discapacidad con los vicios de la política negocio gamonalismo. Sólo así lograrán autoridad y respetabilidad en la gobernanza de la discapacidad con legitimidad en lo público.
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